Por Revista Fortuna para Licencia Social
Ciudad Obregón, Sonora- María Isabel Gómez Villanueva vive frente al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Número 3 en Ciudad Obregón, Sonora. En los últimos meses, su principal actividad ha sido la investigación sobre el impacto en la salud de las señales electromagnéticas que emiten las antenas de telecomunicaciones porque una empresa de telefonía logró la orden de un juez federal para que se instalara justo a 40 metros de su casa. Ella y sus vecinos se oponen a la construcción porque consideran que la seguridad de niños pequeños y bebés está en riesgo.
Esta región sonorense es sólo una de tantas ciudades en el país en donde los usuarios de telefonía se han convertido en voraces consumidores de datos, pero en donde se niegan a convivir con antenas transmisoras de señales de telecomunicaciones porque las consideran inseguras y resultado de prácticas de corrupción porque no están claras las reglas para su instalación.
Han pasado más de 10 años desde que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en su momento, y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), prometieron una Norma Oficial Mexicana (NOM) para prevenir la sobre exposición en comunidades a señales electromagnéticas generadas por antenas de telefonía celular.
Mientras tanto, en ciudades grandes, en pequeñas poblaciones de todo el país, los usuarios de teléfonos inteligentes, smartphones, exigen comunicación ininterrumpida, redes eficientes que les permitan descargar videos, tener acceso a sus redes sociales, enviar mensajes en línea y, eventualmente, hacer llamadas. En México, hacen falta más de 80 mil antenas para alcanzar la cobertura que el país necesitará para dar servicio a 112 millones 336 mil 538 habitantes y sus respectivos receptores.
En la actualidad, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información en los hogares 2016 (el dato más reciente), 81 millones de personas tienen acceso a un teléfono celular, de los cuales el 78.4 por ciento usan teléfonos inteligentes. De acuerdo con estimaciones del organismo regulador del sector, una radiobase debe dar cobertura a mil 400 teléfonos móviles. En la actualidad, la cobertura es de 5 mil 000 dispositivos móviles por cada antena, según las autoridades del sector, lo que reduce la calidad de la cobertura.
La empresa Telesites, del Grupo Carso, estima que en México el mercado de antenas está conformado sólo por 10 mil bases de telecomunicaciones operadas por al menos cinco compañías especializadas en este negocio. El principal operador es la estadounidense American Tower Corporation, le sigue la compañía México Tower Partners, así como Centennial. American Tower Corporation opera desde hace más de una década en México y controla más de 8mil 551 sitios. Fue en 2013 cuando American Tower adquirió en México 883 sitios de Axtel y otros mil 473 de NII Holdings (Nextel).
Actualmente, algunas de las subsidiarias de América Móvil en Latinoamérica y el Caribe son clientes de American Tower Corporation. El negocio de las antenas enfrenta tal auge que se han creando compañías especializadas en su operación.
No existe, sin embargo, un registro o censo federal sobre el número y ubicación de antenas de telecomunicaciones. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha declarado reservadas, por razones de seguridad nacional, dicho inventario.
En otros países, como Chile o Argentina, el censo sobre la ubicación de antenas ha permitido regular el sector al impedir que se instale un mayor número de antenas al que se necesita sólo para beneficiar a las empresas telefónicas que no desean compartir los datos clave sobre su infraestructura.
En Ciudad Obregón, sin embargo, la instalación de antenas es un tema que preocupa a la comunidad. María Isabel Gómez Villanueva recupera durante la conversación una a una las etapas de su oposición a la antena instalada frente a su casa. Tiene en su poder los documentos que acreditaron, en su momento, la negativa del Ayuntamiento a la instalación del sitio de telecomunicaciones porque se trata de una zona habitacional y, precisamente por ello, no se explica cómo la empresa sigue construyendo. “Lo hacen de noche, en los momentos en los que no podemos verlos; sin embargo, los hemos detenido y la confrontación me preocupa”, dice en un tono amargo.
Aunque Gómez Villanueva asegura que su principal preocupación son los niños que asisten al CENDI, también reconoce que se opone a la antena porque su propiedad perdería plusvalía.
Desde el año pasado, asegura, se han presentado oficios ante la Secretaría del Ayuntamiento y se ha solicitado información relativa al proyecto para operar una antena de telecomunicaciones. No obtuvo respuesta, pero la torre ya se erige frente a su vivienda, aunque respira aliviada porque “los ingenieros no han podido terminarla”.
Por ahora y, mientras representantes de comunidades también se oponen a la instalación de antenas en poblaciones como Tepoztlán en Morelos o en Guadalajara, las empresas telefónicas no se dan por vencidas.
Para hacer frente a la creciente demanda de datos en México y para no descuidar el negocio de la descarga de datos vía WiFi con un valor de 35 mil millones de dólares, según datos de la consultoría, The Competitive Intelligence Unit (CIU), las empresas telefónicas buscan instalar, a toda prisa, antenas de todo tipo y tamaño; el reto es crear redes y sitios de células lo más cercanas a los usuarios finales de los llamados servicios de telecomunicaciones de cuarta generación (4G). Aún más, en espera de los servicios de quinta generación (5G) y de la era del Internet de las cosas, se prevé un incremento en la competencia por la mejor red de antenas.
Con señales y equipos cada día más sofisticados que, técnicamente, necesitan de una mejor y mayor potencia en sus señales, las antenas de telecomunicaciones, no son bienvenidas en muchas comunidades del país y su instalación, ante la nula reglamentación y normatividad, ha sido motivo de confrontación social, de clientelismo político, de prácticas corrupción entre funcionarios de gobiernos locales y hasta de violación a derechos humanos.
Así, junto con el tendido de ductos de gas natural, construcción de termoeléctricas y generadores de energía eólica, las instalaciones de antenas de telecomunicaciones encabezan las obras de infraestructura a cargo de inversionistas privados con mayor nivel de oposición vecinal en todo el país.
Es aquí en donde la reforma constitucional y estructural para impulsar la penetración del sector de las telecomunicaciones enfrenta uno de sus principales obstáculos, considera Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
A pesar de ello, las autoridades del sector de las telecomunicaciones – el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han decidido postergar las definiciones respecto a la distancia y exposición que garantice la seguridad de estas instalaciones para los habitantes de las comunidades en las que se instalan.
Qué cambió después de ABC
La maestra Arelí Montes Alduenda, responsable en la dirección del CENDI número 3 en Ciudad Obregón, asegura que las autoridades del centro educativo están dispuestas a dialogar sobre su oposición al proyecto de telecomunicaciones pero que la decisión es inamovible respecto a la reubicación de la antena porque no la quieren cerca de los niños.
La maestra Arelí Montes acepta que los daños a la salud de las señales electromagnéticas no están confirmados (porque lo han leído en Internet) y que este tema lo tienen claro, pero también destaca que su principal preocupación es la seguridad de más de 200 niños que asisten diariamente a ese CENDI, desde bebés hasta niños de preescolar. Ciudad Obregón, además, es una zona de huracanes, de temblores, dice.
Definitivamente – reflexiona en voz alta – los niños no estarían a salvo con una antena frente al edificio. Fue en 2009 cuando un incendio en la guardería ABC en Hermosillo causó la muerte de 49 niños. Ese recuerdo está presente y Arelí no duda en repetir una y otra vez como si se tratara un mantra, que la seguridad de los niños es lo primero.
La construcción de la base para instalar la antena de telecomunicaciones, reconocen, se realiza en una propiedad privada. Al dueño del predio se le paga una renta por permitir la operación de esa infraestructura en su lote. La licencia, por lo tanto, es para construir una propiedad privada y no observa ningún derecho de paso para señales de telefonía porque la concesión del servicio es federal y garantizar en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, María Isabel argumenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que se debe prevenir cualquier riesgo, sobre todo en el caso de niños evitando que las antenas de telefonía celular se ubiquen cerca de zonas habitacionales y de escuelas. Este es su principal argumento.
María Isabel, vecina en rebelión frente la antena que quiere operar Telcel en su colonia, ya está en contacto con el Comité de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ciudad Obregón, un organismo que busca establecer prácticas anti corrupción en el desarrollo de proyectos en la comunidad.
Por ello, advierte que la postura de la comunidad es inamovible: «No me opongo a la operación de la antena en la zona pero que se aleje del CENDI». Advirtió, además, que cuenta con el apoyo de los padres de los niños que son maestros adscritos a la sección 28 del SNTE y que estarían dispuestos a realizar manifestaciones en contra de la antena. La amenaza a una oposición más fuerte y con mayor respaldo social está en puerta.
La propuesta de la comunidad es que la antena se reubique en la zona industrial. María Isabel refiere que junto con sus vecinos ya consultaron a un perito estructuralista quien les confirmó que las condiciones no eran las óptimas. La mujer de no más de 50 años’ advierte de manera contundente que no quieren escalar el tema a una escena mediática y que buscan un acuerdo ya pero que la antena debe salir de esa zona habitacional.
Ella piensa que la reubicación de la antena a esa zona habitacional responde al encarecimiento de las rentas en las zonas industriales por la demanda de un mayor número de instalaciones. En la zona de la Colonia del Lago, muy cerca de una carretera federal y la zona industrial, es posible observar al menos cinco antenas.
Alicia Parada, regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano, aseguró que ese órgano ya había escuchado la queja vecinal y los “defendería”. No obstante, reconoció que al informarse sobre el caso había confirmado que los permisos para construir la base de la antena de telecomunicaciones en propiedad privada eran válidos porque un Juez Federal ordenó al municipio la autorización. Para la Regidora, por lo tanto, la única propuesta era demostrarles a los vecinos que la infraestructura era segura; de otra forma – señala – se mantendrá la oposición.
María Isabel y sus vecinos desconfían, sin embargo, de una autorización, de una licencia y de un permiso que tuvo que ser otorgada con una orden judicial y con una autorización de Protección Civil que no avalan. “Los funcionarios de Protección Civil del Ayuntamiento nunca estuvieron aquí”, dice María Isabel mientras frunce el ceño y asegura que la sospecha se dirige a una práctica de corrupción para obtener estas autorizaciones.
“¿Cómo autorizaron esta obra, en un suelo como éste que en Cajeme tuvo una intensa vocación para la agricultura? ¿Observaron estas condiciones y que la cimentación de la torre no sea la adecuada?”, se pregunta María Isabel quien no oculta su formación como Ingeniero.
La seguridad de la instalación de la torre está contenida en la memoria estructural y de cálculo que se presentó ante el Ayuntamiento. Los vecinos, sin embargo, no tuvieron acceso al expediente.
En esta zona, además, pasa la falla de San Andrés, otra condición que –seguramente – tendría que tomar en cuenta este proyecto, dice María Isabel. Está confirmado que Ciudad Obregón se ubica a 80 kilómetros de la falla de San Andrés. En 1994 se informó que en esta región se ubica la llamada “Falla Obregón”, de acuerdo con el Instituto Tecnológico de Sonora.
Además, Ciudad Obregón es una zona de huracanes y les preocupa mucho la apariencia tan endeble de la torre. “Si llegara a caerse lo haría sobre las casas y sobre el CENDI. ¿Qué tan sólidas son estas antenas?”, se pregunta María Isabel. No hay muchas respuestas.
Facebook sí, pero antenas no
El documento oficial Acceso efectivo a sitios para la instalación de radio bases asociadas a los servicios de acceso, establece que la problemática que enfrentan los concesionarios y proveedores de infraestructura de soporte, para instalar antenas simplemente ha pasado desapercibida en el escenario regulatorio nacional.
El documento, elaborado hace cinco años por los analistas de la que fuera la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy IFT, reconoció además la ausencia de una regulación específica que determinara los límites de radiaciones electromagnéticas máximas a los que están sujetas las radiobases. No sólo eso, también destacó la preocupante desinformación por parte de la ciudadanía sobre los efectos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas.
Resultado de una consulta pública con miras a reglamentar la instalación de antenas de telefonía y garantizar el derecho de paso de las señales de telecomunicaciones que buscan conectar a millones de usuarios en todo el país, el documento de la Cofetel sirvió como base en 2012 para un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que, hasta ahora, no se ha publicado. La situación no ha cambiado. Un inexplicable impasse permite confrontaciones sociales y corrupción.
Así, el último y más acabado esfuerzo para aprobar y publicar una regulación respecto a la exposición de comunidades a las señales y radiación desde antenas de telecomunicaciones fue el Anteproyecto de NOM (126- SCT-1 SSA1-2012) impulsado por el IFT. Pero nada pasó porque el Anteproyecto se congeló. En el IFT, consultados sobre este tema, aseguraron que no se tiene una definición.
Sin embargo, el documento de ese Anteproyecto de NOM se encuentra disponible en el sitio de Internet del IFT y se establece claramente que la autoridad mexicana coincide con los límites de exposición a campos electromagnéticos, magnéticos y electros aceptados a nivel internacional de hasta 300 Gigahertz (GHz). Este nivel máximo fue publicado en 1998 por la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), una organización científica independiente reconocida por la OMS.
Pero sin la NOM publicada no existe obligatoriedad ni vigilancia. Todo está en el aire.
México se ubica en el grupo de países con menor nivel de restricciones y mayor permisividad respecto a radiación y proximidad en la instalación de antenas. Junto con Estados Unidos, España, Perú e Irlanda, México se encuentra a la zaga de las medidas para restringir de manera estricta las señales de telecomunicaciones en comunidades habitacionales y edificios educativos.
En América Latina, Chile encabeza las mayores restricciones junto con Canadá. En Europa, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos se encuentran a la cabeza de las reglas para proteger a sus comunidades. Los datos forman parte del comparativo internacional que realizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción en Chile luego de que se aprobó la Ley de Torres y Antenas.
En Chile, en contraste, grupos empresariales consideran que la Ley de Torres y Antenas resulta demasiado restrictiva.
En México, sin embargo, el rechazo de muchas comunidades a la instalación de antenas no es gratuito. Mientras las autoridades como las de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el organismo de la Secretaria de Salud responsable de proteger a los consumidores, se limitan a asegurar que las señales de telefonía celular no representan una amenaza contra la salud porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho un pronunciamiento al respecto, las páginas de Internet están llenas de datos que sugieren daños contra la salud sino se respeta la exposición mínima a señales electromagnéticas. Aún más, en la red es posible ubicar movimientos ciudadanos como Parents for a Safer Technology dedicados a impugnar instalaciones de antenas en parques y reservas ecológicas, así como en escuelas.
Uno de los movimientos más emblemáticos en Estados Unidos fue la oposición vecinal contra una antena en el Parque Nacional Yellowstone. En Grecia, se ha encarcelado a activistas que se oponen a la instalación de antenas mientras que en España – con un alto grado de permisividad – se promulgó una Ley que prácticamente obliga a los propietarios de inmuebles a rentar espacios para la operación de antenas pues las telecomunicaciones se consideran estratégicas.
Mientras tanto, quienes se oponen por temor a esta infraestructura toman información de cualquier fuente disponible. A pesar de que se realizó en 2004 – cuando la tecnología de la telefonía celular tenía otras características – uno de estos documentos, disponibles en la red, es el estudio realizado por 12 equipos de investigación de siete países de la Unión Europea conocido como Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field (REFLEX).
Aquel estudio concluyó que la radiación de los teléfonos móviles a los niveles autorizados en ese momento tenía efectos genotóxicos (daños genéticos y celulares).
Así, en México ni legisladores ni autoridades del sector de las telecomunicaciones han aprobado una sola disposición que regule la instalación de bases para telecomunicaciones. A nivel municipal, en cambio, se aprueban restricciones a la instalación de antenas que no forman parte de una política pública integral. En México, a diferencia de otros países como Chile o Suiza, no existen zonas especiales ni tampoco restricciones de proximidad como normatividad federal, según la investigación comparativa de expertos chilenos. Algunos municipios como el de Zapopan en Jalisco, sin embargo, han impulsado algunas normativas especiales que establece que las bases radiales deben estar a una distancia mínima de 5 metros de los terrenos colindantes. Nada más.
Inversiones en riesgo
La estadounidense AT&T, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense, tuvo que esperar más de tres décadas para que la Constitución y la Ley de Inversiones Extranjeras se modificaran para permitir su participación directa y sin intermediarios en el mercado mexicano de las telecomunicaciones.
Después de que en 2015 se logró la apertura de este sector, AT&T anunció inversiones por más de 3 mil millones de dólares para competir con su ex socio América Móvil.
Pero el desencanto, dicen algunos de los analistas que cubren el comportamiento de las acciones de América Móvil, no se ha hecho esperar.
La empresa que preside Carlos Slim logró que la Suprema Corte de Justicia avalara su impugnación a la tarifa cero de interconexión que, por ordenes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le impedía cobrar a sus competidores por la interconexión de llamadas, sino que, en una gran cantidad de municipios de todo el país, grupos de vecinos y ejidatarios se oponen a que acelere la instalación de antenas para la transmisión de señales en el espectro radioeléctrico. En Estados Unidos, AT&T convive con un escenario similar al de México: Una gran permisividad y vacío legal respecto a la cercanía de las antenas de telecomunicaciones.
Pero Telesite, la empresa creada por Carlos Slim para separar su actividad en el mercado de antenas y permitir que sus competidores tengan acceso a su infraestructura, también tiene un pronóstico pesimista.
De acuerdo con su prospecto de colocación en el mercado de valores, los costos de su operación en su nuevo negocio en la instalación de antenas podrían aumentar con la evidente caída en sus ingresos ante el incremento negativo de las percepciones sobre los riesgos a la salud derivados de las emisiones radioeléctricas, especialmente si esas
percepciones de riesgos resultan fundadas.
“La percepción pública acerca de los posibles riesgos a la salud asociados a la telefonía celular y otras comunicaciones inalámbricas podría obstaculizar el crecimiento de las empresas de servicios de radiocomunicaciones. En particular, la percepción negativa pública sobre los riesgos a la salud, así como la regulación relacionada con tales riesgos, podrían comprometer la aceptación en el mercado de las comunicaciones inalámbricas e incrementar la oposición al desarrollo de Infraestructura de sitios”, dijo Telesites a sus inversionistas.
Aún más, reconoció que la potencial relación entre la emisión de frecuencias de radio y ciertos efectos negativos sobre la salud o el medio ambiente han sido objeto de estudios por la comunidad científica en años recientes, y numerosas demandas en materia de daños a la salud han sido interpuestas contra los portadores inalámbricos y fabricantes de los equipos correspondientes.
Si un estudio científico o una decisión judicial, continua Telesites, ponen en evidencia que las frecuencias de radio generan riesgos para la salud de los consumidores, podría afectar de manera negativa a los operadores de telecomunicaciones y a los mercados de servicios inalámbricos o conexos a las telecomunicaciones, lo cual causaría un efecto material adverso sobre nuestro negocio, resultados de operación y situación financiera.
La industria de las telecomunicaciones corre un grave riesgo ante la posibilidad de eventos perniciosos para la salud y podría enfrentar un escenario parecido a la de la industria del tabaco luego de que se confirmó, en la década de los noventas, que algunos de sus componentes eran altamente cancerígenos. Las preguntas están en el aire y las respuestas podría tardar en llegar.
Mientras tanto los mexicanos se encuentran a la cabeza de los usuarios más activos en la red, conviven con antenas y su gobierno posterga el diseño de una política pública preventiva.
